martes, 8 de octubre de 2013

Despedidos del INDERT



Desde la mañana de hoy martes, el grupo de afectados se concentra nuevamente frente a la sede central del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para protestar por las masivas desvinculaciones que afectaron, casi en su totalidad, a afiliados al Sindicato Yvytu Pyahu (SYP), uno de los cinco existentes en el Instituto.

Las destituciones se produjeron el pasado viernes 4 de octubre, a través de resoluciones firmadas por el presidente del organismo, Justo Cárdenas. Ese día, un total de 48 personas, 73 por ciento de las cuales son profesionales, técnicos y estudiantes universitarios, fueron destituidas sin preaviso y sin indemnización. 

La institución argumentó como motivo de despido el artículo 8 de la Ley 1626 de la Función Pública, referido a la libre disponibilidad de los cargos de confianza. Sin embargo, ninguno de los afectados se hallaba ocupando uno. 

En ese sentido, la resolución hacía referencia al dictamen elaborado por la directora general de Asesoría Jurídica del Instituto, la abogada María Teresa Peralta, quien también esgrimió como argumento la falta de estabilidad del grupo de funcionarios, pues éstos aún no habían cumplido dos años de haber sido incorporados a la planta permanente, condición necesaria para ganar estabilidad según la Ley 1626. No obstante, todos ellos han superado los dos años de servicio dentro del Indert, pues antes de ser nombrados ya se hallaban en la categoría de contratados. Algunos suman incluso cinco años de servicio.

Las movilizaciones seguirán a lo largo de la semana y no se descartan otras medidas de fuerza, como una huelga de hambre. Los trabajadores solicitaron a las autoridades del Instituto y del Gobierno rever la decisión tomada, por considerarla injusta, arbitraria y, sobre todo, discriminatoria, dado que afecta solo a los afiliados al SYP, once de los cuales cuentan con fuero sindical, algo que también desconoció la asesora jurídica Peralta.

Los trabajadores han denunciado la situación ante las centrales obreras nacionales y sindicatos afines, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y lo harán también ante otras instancias.

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